La Deputación Provincial da Coruña reclama a la familia de un motorista fallecido el pago de una factura a los bomberos que actuaron tras el siniestro en el lugar donde se produjo el accidente, en concepto de asistencia y limpieza de vía tras accidente entre vehículo y moto.
El 9 de agosto de 2020 a las 14.08 horas el conductor de un automóvil Peugeot 307 impactó mortalmente contra una motocicleta. Fue en una curva de la carretera AC-442, en el término municipal de Dumbría, cerca del cabo Fisterra.
La vida de Josep Boan Rosanes, de tan solo 20 años, un chaval con una brillante carrera de profesor de historia por delante y un gran amor por su Yamaha XSR 700, a la que llamaba “Bagheera”, terminó en aquel preciso instante. Frente a los ojos de su padre, que le había inculcado su pasión por la moto y esta vez le seguía a escasos metros por detrás.
Aquel viaje a la tierra de sus abuelos, que padre e hijo habían planificado con tanta ilusión como preludio y preparativo a un viaje a Cabo Norte al año siguiente, acabó siendo más que un viaje al fin de la tierra; uno al fin de la vida.
Las «otras muertes» de Josep
Hasta aquí nada especialmente distinto a demasiados accidentes como los que desgraciadamente suceden con tal frecuencia que ya nos hemos acostumbrado a convivir con la muerte. ¡Qué paradoja!
Las “otras muertes” de Josep llegaron más tarde. Como si el dolor de una familia destrozada por la perdida de un hijo o la de unos amigos que ya no volverán a reír con él ni a escuchar como les acompañaba con su guitarra, no fuera suficiente penitencia.
La herida incurable de su muerte parece condenada a permanecer abierta. A seguir supurando eternamente por una infección provocada primero por la maldad, y más tarde por la estulticia y la incompetencia.
Volver a morir, esta vez en el Juzgado
El juicio por este accidente se realizó casi dos años después del suceso. Las pruebas periciales acreditaron que el coche que impactó contra el motorista circulaba a 116 km/h en una curva en la que no se podían superar los 70 km/h. El conductor, A.G.S. –de 27 años– argumentó que tuvo que invadir el carril contrario forzosamente puesto que estaba esquivando un animal que, repentinamente, se cruzó en su trayectoria. Finalmente fue acusado de homicidio imprudente, por lo que se le condenó a dos años de prisión –que no llegará a cumplir al carecer de antecedentes penales– y tres años y medio de retirada del permiso de conducción.
Por su parte, la familia del fallecido –que tuvo que insistir lo indecible para que el juicio se llevara a cabo, pese a la reticencia inicial del juzgado número 4 de A Coruña– tuvo que pagar su parte de las costas judiciales por el proceso (casi 5000 euros, ya que la jueza del caso se mantuvo férrea en su decisión irrevocable, argumentando que no se solicitó correctamente en el momento procesal adecuado la exención de dicho pago)… por si la pérdida de un hijo no hubiera sido suficiente dolorosa.
A partir de la suave sentencia condenatoria, la familia del motorista fallecido ha puesto en marcha una petición a través de la plataforma Change.org para que se revise el baremo de penas en los juicios por violencia vial. Especialmente en aquellos que, como en este caso, una conducción irresponsable resulta ser la causante de una pérdida humana.
Un error burocrático intolerable
Pero no termina aquí la cadena de desaciertos. El pasado 7 de octubre, llega al domicilio de los padres de Josep un aviso de recogida de un certificado procedente de la Deputación Provincial da Coruña. Aunque en su momento los familiares del motorista fueron informados de que sus pertenencias (cazadora, cinturón y botas) habían sido echadas a la basura, creyeron que el comunicado tal vez fuera una rectificación ante tan evidente falta de sensibilidad.
Sin embargo, no sólo no fue eso, sino que la carta consistía en la reclamación del pago de una factura a los bomberos que actuaron tras el siniestro en el lugar donde se produjo el accidente, en concepto de asistencia y limpieza de vía tras accidente entre vehículo y moto, por un tiempo total de intervención de 3 horas y 22 minutos. Vaya, que les quieren cobrar 485,50 euros por limpiar la sangre y los restos que impregnaron el asfalto del lugar tras la colisión.
Algo más que un error burocrático
La dimensión de algo más que un error burocrático, como lo han definido quienes han intentado sacar hierro al asunto desde las instituciones sin presentar hasta la fecha ningún tipo de disculpa a los familiares del fallecido. Es de tal dimensión que el escándalo se ha viralizado y ha saltado a muchos medios de comunicación.
Por muchos adjetivos que se nos ocurran para calificar esta suerte de despropósitos seguro que nos quedaremos cortos. Saquen sus propias conclusiones. Y juzguen ustedes mismos la forma en que algo tan trascendente como la muerte de una persona ha sido tratada.
Si la vergüenza se lo permite, claro, ante la tortura cruel a la que sus familiares han sido condenados. Como si la pérdida de un hijo, un hermano, un amigo, no fuera suficientemente dolorosa.